La FENOCIN considera que la redistribución de la tierra es urgente y necesaria, pues no es únicamente una cuestión de derechos ni equidad sino de eficiencia económica. En este marco, consideramos que esta discusión pasa por definir qué modelo de desarrollo agrario necesita el país, por precisar los límites a la extensión de la propiedad de la tierra, priorizar los derechos de las y los campesinos e indígenas, por afirmar el rol del estado controlando el mercado de tierras y por respetar la constitución en temáticas relacionadas a la Soberanía Alimentaria.En este contexto, la Dirigencia Nacional considera que el Ante Proyecto de Ley de Tierras presentado por el SIPAE es perfectible y representa un aporte al debate de la redistribución de la tierra que se había dejado de lado por muchos años en el país.
Para la FENOCIN existen dos modelos de desarrollo agrario en disputa, por un lado el modelo agroexportador que concentra grandes extensiones de tierra, que fomenta una mano de obra barata, que ha generado una elevación en los índices de inequidad en el campo. Lo mismo que ha conllevado a que millones de campesinas y campesinos migren fuera del país, creemos que existe una lógica de pobreza, migración y poca tierra. Por otro lado, las organizaciones como la FENOCIN optamos por el modelo de la vía campesina que favorece la soberanía alimentaria, es decir, la agricultura campesina y que garantiza la alimentación.
En el Ecuador hay una inequidad histórica que ha pretendido ser invisibilizada por los grandes latifundistas, quienes hoy se niegan a cualquier posible debate sobre una ley de tierras, mientras la mayoría de las y los campesinos en el país tiene un acceso restringido a la tierra. Según el III Censo Nacional Agropecuario existe 600 000 familias campesinas que se desenvuelven económicamente en 1,5 hectáreas o menos, mientras aquellos que tienen más de 500 hectáreas a penas suman 1 300 propietarios que tienen a su acceso 1 800 000 hectáreas. El proceso de redistribución de tierras no es nada nuevo, en realidad fue aprobada en el actual marco constitucional donde en el artículo 282 plantea lo siguiente:
“El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. El estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental”.
Sobre la discusión respecto a la productividad la FENOCIN considera que se trata de colocar una perspectiva que reconozca la generación de trabajo desde las agriculturas campesinas y familiares, la redistribución de la riqueza, que además, de garantizar la reproducción de la vida también preserva ecosistemas mediante una relación armónica con la naturaleza y aporta al desarrollo.
Finalmente, en cuanto a la participación FENOCIN hace un llamado a todos los sectores a que se sumen a esta discusión que enriquecerá las diferentes propuestas de ley en torno al tema tierra. En este sentido, expresa su preocupación al identificar que ciertos sectores que defienden intereses del latifundio han cerrado toda posibilidad del debate en torno a la ley, creemos que es una señal de que carecen de argumentos suficientes, y de que quieren seguir manteniendo las estructuras de inequidad y de injusticia en el país.
Para concluir, como FENOCIN nos comprometemos a participar el próximo 3 de Septiembre en la ciudad de Quito en el Foro sobre Reforma Agraria, Soberanía Alimentaria, Tierras y Territorios convocado por la Conferencia de Soberanía Alimentaria.
“Hemos sido pacientes durante 500 años y hoy tenemos la esperanza de tener la tierra como herencia”.
