El día de ayer en el país, sucedió lo que todos dentro del campo popular temíamos: que se evidenciara, a todas luces, que uno de los proyectos de ley iconos para estos sectores, en especial para los campesinos e indígenas, en realidad no esta construido. Esto es exactamente así, aunque pueda crear miradas de asombro e incredulidad: La Ley Orgánica de Agua y Recursos Hídricos, en realidad no esta construida.
Pero, ¿como es esto si textos abundantes, varias versiones -por lo menos cuatro- han circulado, todas ellas con un abundante articulado y con desarrollo de todos los temas que competen a esta ley? Pues por esto precisamente: porque existen tantos textos, tantos informes, que son una muestra clara de que lo que se ha construido es un texto, o varios, pero no se ha avanzado hacia la creación de formas de acuerdo y peor aun de consenso.
¿Que es en realidad una ley: son los textos doctos y abundantes o es el proceso de acuerdo que debe necesariamente existir por detrás de esto? ¿Son las horas de desvelo de tecnócratas y escritorios o son los acuerdos entre diferentes espacios de opinión? Indudablemente lo segundo es una ley, por ello la técnica jurídica, inclusive, habla de que las leyes son las expresiones contractuales de lo que la sociedad determina y decide.
En este momento dentro de la asamblea nacional se ha desatado un enorme conflicto alrededor de la aprobación de esta ley que enfrenta a sectores indígenas y campesinos con el gobierno, a empresarios con gobierno y con campesinos y al gobierno con casi todo el país. ¿Por qué esto sucede de esta manera y ahora, luego de que supuestamente el SENAGUA (Secretaria Nacional del Agua) llego a hacer 50 foros a nivel local, regional y nacional con el fin de lograr construir estos consensos? Pues por otra razón simple: Porque esos 50 eventos no fueron pensados para identificar diferencias, para manejar conflictividades y para construir concesos, fueron solo pensados para difundir la propuesta de ley de un grupo de tecnócratas.
Es decir esos 50 foros, en realidad no fueron 50, solo fue uno con 49 repeticiones, a nivel local, regional y nacional. Es decir tan solo se armo los eventos para difundir el proyecto de ley de un grupo que mal entiende el poder y su manejo, que cree que la hegemonía es la anulación de todos los otros y que no entiende que el poder solo es manejable si se crean espacios de representación real de los diferentes grupos.
Este quiebre, el que se esta dando alrededor de la ley de agua, se veía ya venir desde hace tiempo, pues desde hace tiempo que se vienen construyendo las leyes de una forma que no logra la estructuración de una real participación social. El gobierno parece creer que su sola elección y su discurso proclive a los sectores populares le hace ya parte de ellos y que nada mas es necesario pues el pueblo debe tener como que “la obligación de entender sin participar”.
Este es el meollo del conflicto alrededor de la ley de agua: que en realidad no se haya construido un proceso idóneo de construcción de consensos y que detrás de esto estén concepciones políticas que impiden el ejercicio de una democracia participativa real. El pueblo por su lado se pregunta, seguramente, si esto quiere decir que solo se enfrenta a un grupo de burócratas miopes o si, en realidad, por detrás existen poderes facticos aun persistentes que manipulan a un gobierno que ha dejado fuertes dudas sobre su experticia para el manejo de la política.
A este argumento central se le unen los temas específicos que configuran el conflicto, a los que se ha llamado nudos críticos, y que son en realidad los puntos en los que se revela la falta de construcción de los consensos de los que hablamos. En realidad estos son solamente cuatro, aunque se tienden a expresar en mayor número de pasajes de la ley. Son los que hacen referencia a:
1. La autoridad y la participación: Las posiciones iniciales al respecto de este tema establecían la disputa entre dos puntos extremos irreconciliables, detentados por dos grupos con iguales ambiciones hegemónicas que priorizan la confrontación política y sus ambiciones de dominio de la sociedad ecuatoriana, a la obtención de una formad e organización equilibrada y democrática: La CONAIE y el gobierno de Movimiento PAIS.
Esas dos posiciones proponen, por un lado, una autoridad que se establezca en un Concejo Plurinacional e Intercultural del Agua, cuya composición privilegia la representación de pueblos y nacionalidades, es decir, de la forma de organización básica de la CONAIE. De esta manera esa organización asegura la hegemonía en contraposición a las fuerzas del gobierno y en contraposición, también, a las organizaciones campesinas no aglutinadas a partir de razones culturales.
Sin embargo, estas posiciones iniciales logran ser superadas a partir de la propuesta de las organizaciones campesinas como la FENOCIN, las JAAPRE, la CNC – EA y otras, que plantean la estructuración de una autoridad del agua que conste de varios organismos complementarios, a saber: Un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, cuya función este alrededor de la construcción de políticas y de la planificación del sector; una Secretaria Nacional del Agua (el actual SENAGUA), cuya función gire alrededor de la ejecución de las políticas dispuestas por el consejo; una contraloría del agua, que ejerza la función de control de las políticas y su ejecución y, finalmente; de los Consejos de Cuenca, Subcuenca y Microcuenca que ejecutarían las acciones propuestas a nivel local.
Todos estos organismos conforman un sistema de manejo del agua y los recursos hídricos que deja de lado el establecimiento de una autoridad que es una sola persona, como en la versión gubernamental, y que también toma distancia de la propuesta de un informe y tendencioso Consejo Plurinacional e Intercultural del Agua como autoridad única del sector.
La adopción del sistema descrito, no llega a ser aceptada por la CONAIE, pero si es aceptada por el gobierno, lo cual hace ver con claridad que las fuerzas hegemónicas del gobierno si pueden llegar a crear consensos si abandonan la irracionalidad del deseo de hegemonía y democratizan las decisiones.
2. La desprivatización del agua: Este segundo nudo critico esta claramente centrado alrededor de la transitoria decimo cuarta que, en la versión del gobierno, hace gala de la mas profunda ambigüedad con el solo fin de permitir la pervivencia de INTERAGUA en Guayaquil, como forma de administración del agua para consumo humano y, por lo tanto, de provocar un antecedente de administración privada que, posteriormente, podría abrir las puertas a una generalización de este tipo de administraciones,
Todo esto se ha estructurado en contra y a pesar de las disposiciones constitucionales que tratan de asegurar el manejo del agua como un bien estratégico del país y como un derecho de las personas por sobre encima de quienes prefieren ver al agua como una forma de extraer recursos a partir de su comercialización.
Los sectores populares aglutinados alrededor de las organizaciones campesinas, indígenas, negras y montubias, han propuesto la estructuración de un mandato claro, que permita un proceso de traspaso ordenado de la administración del agua en Guayaquil, desde la gran empresa privada hacia el gobierno seccional, sin embargo, solo han experimentado la inexplicable determinación de Movimiento PAIS y del Presidente de la Republica a no dar paso a este cambio a pesar de las claras disposiciones constitucionales y de las innumerables ilegalidades en las que ha incurrido INTERAGUA.
Parece no haber forma de negociación con el gobierno sobre este punto, a pesar de la conveniencia de esto. Por ello, la posición del ejecutivo resulta inexplicable, más si se toma en cuenta que nunca se ha tratado de revelar o hacer explícitas las razones para esta extraña decisión.
3. El uso económico del agua: En este punto, a pesar de que los ordenes de prelación están claramente especificados en la propuesta de ley y de que estos establecen como cuarta prelación al uso económico del agua (luego del agua para consumo humano, el agua para soberanía alimentaria y riego y el agua para caudal ecológico) se revierte esto en los artículos que desarrollan las preferencias dentro del uso económico del agua proponiendo la primera preferencia para el agua encaminada hacia la agroindustria.
Esto de por si ya hace notar una inconsistencia enorme en la propuesta de gobierno que dice, en el discurso, tratar de desarrollar un nuevo sistema económico y productivo para el país y que, sin embargo, en esta ley opta con claridad por la tradición oligárquica de siempre.
El gobierno parece no percibir que también los pequeños y medianos emprendimientos productivos agrícolas, encaminados hacia el sostenimiento de la soberanía alimentaria, son formas productivas que suponen un uso económico del agua, pero que entran en contradicción profunda con los esquemas agroindustriales exportadores, y que ambos van a establecer una fuerte confrontación, si en una sección de la ley se habla de una prelación preferente para los primeros y en otra se privilegia a los segundos.
El gobierno debe lograr corregir su escases de definiciones o enmendar su falta de seriedad técnica y, así, permitirse optar por uno de los dos esquemas para, finalmente, de esta manera, ayudarnos a todos los ecuatorianos a interpretarlo como un gobierno de cambio real o como un gobierno de nueva recomposición de los viejos poderes económicos y políticos.
4. La preservación ambiental del agua: Por ultimo se encuentra el nudo crítico que hace referencia a la protección ambiental de las fuentes de agua y a la protección de los manglares. Nuevamente la ambigüedad de los textos empujados por el gobierno, parecen potenciar caminos tortuosos para lograr que la actividad camaronera no sea limitada y que tenga la oportunidad de expandirse al escaso 30 % de manglares que aun subsisten, en conjunto con las comunidades que los mantienen y cuidan. No establecer limites a este avance, con claridad y decisión, solo creará el camino idóneo y expedito para que el Ecuador del siglo XXI se quede sin un solo manglar en sus costas.
Lamentablemente la propuesta de ley empujada por el gobierno no es expedita ni clara y mas bien, al contrario, naufraga en un mar de ambigüedades y actitudes permisivas y cómplices con quienes nunca han tenido una conciencia que supere el limite de sus bolsillos.
Por otro lado, es de suprema importancia el lograr que las fuentes de agua se preserven, pero también aquí las posiciones de gobierno son ambiguas al proponer una inconsistente preservación de las “zonas de influencia” de estas fuentes, sin definir de ninguna manera clara cuales son y en que extensión se presentarían estas áreas. Este malhadado concepto parece sacado de los esquemas de manejo y preservación de áreas protegidas, pero sin haber logrado observar que en ninguno de esos casos han sido, en el país, definidos ni de forma mínima, los conceptos de zonas de influencia. Por lo tanto la mencionada ambigüedad del gobierno reside en que este concepto podría referirse a preservar 2000 metros alrededor de la fuente como 1 metro a su alrededor.
Esto es abonar el terreno para el abuso y para el uso indiscriminado de las fuentes. ¿Qué persigue el gobierno? ¿Acaso beneficiar a los siempre beneficiados? O por ultimo: ¿Qué revela esto dentro de la estructura de gobierno? ¿A tecnócratas ineficientes y poco versados? ¿O revela planes escondidos e influencias ocultas? Es difícil saberlo, pero algo si es cierto: el gobierno construye con todo esto, lenta pero sostenidamente, un proceso de reversión del apoyo del pueblo que podría estallarle rápidamente.
Por todo lo expuesto, en este punto de contradicción profunda, el país le exige al gobierno de Rafael Correa Delgado ser claro y definido, abandonar la ambigüedad y la complacencia con los caínes del Ecuador. Le exige optar por una forma de construcción del nuevo estado radicalmente participativa, y que suponga la implicación de todos los ecuatorianos y de todas sus organizaciones sociales en la construcción del nuevo estado. Le exige no falsificar la participación. Le exige preservar los intereses de los sectores populares y le exige preservar nuestro medio ambiente.
Quienes empezamos como aliados del gobierno, y que ahora nos hemos distanciado de él, cada vez tenemos mas dificultad en interpretar a Movimiento PAIS como un grupo aliado a los intereses populares y cada vez nos vemos mas forzados, por los datos de la realidad, a reinterpretar al gobierno, con desolación y tristeza, como un nuevo intento fallido de lograr justicia en el Ecuador.
¿Que es en realidad una ley: son los textos doctos y abundantes o es el proceso de acuerdo que debe necesariamente existir por detrás de esto? ¿Son las horas de desvelo de tecnócratas y escritorios o son los acuerdos entre diferentes espacios de opinión? Indudablemente lo segundo es una ley, por ello la técnica jurídica, inclusive, habla de que las leyes son las expresiones contractuales de lo que la sociedad determina y decide.
En este momento dentro de la asamblea nacional se ha desatado un enorme conflicto alrededor de la aprobación de esta ley que enfrenta a sectores indígenas y campesinos con el gobierno, a empresarios con gobierno y con campesinos y al gobierno con casi todo el país. ¿Por qué esto sucede de esta manera y ahora, luego de que supuestamente el SENAGUA (Secretaria Nacional del Agua) llego a hacer 50 foros a nivel local, regional y nacional con el fin de lograr construir estos consensos? Pues por otra razón simple: Porque esos 50 eventos no fueron pensados para identificar diferencias, para manejar conflictividades y para construir concesos, fueron solo pensados para difundir la propuesta de ley de un grupo de tecnócratas.
Es decir esos 50 foros, en realidad no fueron 50, solo fue uno con 49 repeticiones, a nivel local, regional y nacional. Es decir tan solo se armo los eventos para difundir el proyecto de ley de un grupo que mal entiende el poder y su manejo, que cree que la hegemonía es la anulación de todos los otros y que no entiende que el poder solo es manejable si se crean espacios de representación real de los diferentes grupos.
Este quiebre, el que se esta dando alrededor de la ley de agua, se veía ya venir desde hace tiempo, pues desde hace tiempo que se vienen construyendo las leyes de una forma que no logra la estructuración de una real participación social. El gobierno parece creer que su sola elección y su discurso proclive a los sectores populares le hace ya parte de ellos y que nada mas es necesario pues el pueblo debe tener como que “la obligación de entender sin participar”.
Este es el meollo del conflicto alrededor de la ley de agua: que en realidad no se haya construido un proceso idóneo de construcción de consensos y que detrás de esto estén concepciones políticas que impiden el ejercicio de una democracia participativa real. El pueblo por su lado se pregunta, seguramente, si esto quiere decir que solo se enfrenta a un grupo de burócratas miopes o si, en realidad, por detrás existen poderes facticos aun persistentes que manipulan a un gobierno que ha dejado fuertes dudas sobre su experticia para el manejo de la política.
A este argumento central se le unen los temas específicos que configuran el conflicto, a los que se ha llamado nudos críticos, y que son en realidad los puntos en los que se revela la falta de construcción de los consensos de los que hablamos. En realidad estos son solamente cuatro, aunque se tienden a expresar en mayor número de pasajes de la ley. Son los que hacen referencia a:
1. La autoridad y la participación: Las posiciones iniciales al respecto de este tema establecían la disputa entre dos puntos extremos irreconciliables, detentados por dos grupos con iguales ambiciones hegemónicas que priorizan la confrontación política y sus ambiciones de dominio de la sociedad ecuatoriana, a la obtención de una formad e organización equilibrada y democrática: La CONAIE y el gobierno de Movimiento PAIS.
Esas dos posiciones proponen, por un lado, una autoridad que se establezca en un Concejo Plurinacional e Intercultural del Agua, cuya composición privilegia la representación de pueblos y nacionalidades, es decir, de la forma de organización básica de la CONAIE. De esta manera esa organización asegura la hegemonía en contraposición a las fuerzas del gobierno y en contraposición, también, a las organizaciones campesinas no aglutinadas a partir de razones culturales.
Sin embargo, estas posiciones iniciales logran ser superadas a partir de la propuesta de las organizaciones campesinas como la FENOCIN, las JAAPRE, la CNC – EA y otras, que plantean la estructuración de una autoridad del agua que conste de varios organismos complementarios, a saber: Un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, cuya función este alrededor de la construcción de políticas y de la planificación del sector; una Secretaria Nacional del Agua (el actual SENAGUA), cuya función gire alrededor de la ejecución de las políticas dispuestas por el consejo; una contraloría del agua, que ejerza la función de control de las políticas y su ejecución y, finalmente; de los Consejos de Cuenca, Subcuenca y Microcuenca que ejecutarían las acciones propuestas a nivel local.
Todos estos organismos conforman un sistema de manejo del agua y los recursos hídricos que deja de lado el establecimiento de una autoridad que es una sola persona, como en la versión gubernamental, y que también toma distancia de la propuesta de un informe y tendencioso Consejo Plurinacional e Intercultural del Agua como autoridad única del sector.
La adopción del sistema descrito, no llega a ser aceptada por la CONAIE, pero si es aceptada por el gobierno, lo cual hace ver con claridad que las fuerzas hegemónicas del gobierno si pueden llegar a crear consensos si abandonan la irracionalidad del deseo de hegemonía y democratizan las decisiones.
2. La desprivatización del agua: Este segundo nudo critico esta claramente centrado alrededor de la transitoria decimo cuarta que, en la versión del gobierno, hace gala de la mas profunda ambigüedad con el solo fin de permitir la pervivencia de INTERAGUA en Guayaquil, como forma de administración del agua para consumo humano y, por lo tanto, de provocar un antecedente de administración privada que, posteriormente, podría abrir las puertas a una generalización de este tipo de administraciones,
Todo esto se ha estructurado en contra y a pesar de las disposiciones constitucionales que tratan de asegurar el manejo del agua como un bien estratégico del país y como un derecho de las personas por sobre encima de quienes prefieren ver al agua como una forma de extraer recursos a partir de su comercialización.
Los sectores populares aglutinados alrededor de las organizaciones campesinas, indígenas, negras y montubias, han propuesto la estructuración de un mandato claro, que permita un proceso de traspaso ordenado de la administración del agua en Guayaquil, desde la gran empresa privada hacia el gobierno seccional, sin embargo, solo han experimentado la inexplicable determinación de Movimiento PAIS y del Presidente de la Republica a no dar paso a este cambio a pesar de las claras disposiciones constitucionales y de las innumerables ilegalidades en las que ha incurrido INTERAGUA.
Parece no haber forma de negociación con el gobierno sobre este punto, a pesar de la conveniencia de esto. Por ello, la posición del ejecutivo resulta inexplicable, más si se toma en cuenta que nunca se ha tratado de revelar o hacer explícitas las razones para esta extraña decisión.
3. El uso económico del agua: En este punto, a pesar de que los ordenes de prelación están claramente especificados en la propuesta de ley y de que estos establecen como cuarta prelación al uso económico del agua (luego del agua para consumo humano, el agua para soberanía alimentaria y riego y el agua para caudal ecológico) se revierte esto en los artículos que desarrollan las preferencias dentro del uso económico del agua proponiendo la primera preferencia para el agua encaminada hacia la agroindustria.
Esto de por si ya hace notar una inconsistencia enorme en la propuesta de gobierno que dice, en el discurso, tratar de desarrollar un nuevo sistema económico y productivo para el país y que, sin embargo, en esta ley opta con claridad por la tradición oligárquica de siempre.
El gobierno parece no percibir que también los pequeños y medianos emprendimientos productivos agrícolas, encaminados hacia el sostenimiento de la soberanía alimentaria, son formas productivas que suponen un uso económico del agua, pero que entran en contradicción profunda con los esquemas agroindustriales exportadores, y que ambos van a establecer una fuerte confrontación, si en una sección de la ley se habla de una prelación preferente para los primeros y en otra se privilegia a los segundos.
El gobierno debe lograr corregir su escases de definiciones o enmendar su falta de seriedad técnica y, así, permitirse optar por uno de los dos esquemas para, finalmente, de esta manera, ayudarnos a todos los ecuatorianos a interpretarlo como un gobierno de cambio real o como un gobierno de nueva recomposición de los viejos poderes económicos y políticos.
4. La preservación ambiental del agua: Por ultimo se encuentra el nudo crítico que hace referencia a la protección ambiental de las fuentes de agua y a la protección de los manglares. Nuevamente la ambigüedad de los textos empujados por el gobierno, parecen potenciar caminos tortuosos para lograr que la actividad camaronera no sea limitada y que tenga la oportunidad de expandirse al escaso 30 % de manglares que aun subsisten, en conjunto con las comunidades que los mantienen y cuidan. No establecer limites a este avance, con claridad y decisión, solo creará el camino idóneo y expedito para que el Ecuador del siglo XXI se quede sin un solo manglar en sus costas.
Lamentablemente la propuesta de ley empujada por el gobierno no es expedita ni clara y mas bien, al contrario, naufraga en un mar de ambigüedades y actitudes permisivas y cómplices con quienes nunca han tenido una conciencia que supere el limite de sus bolsillos.
Por otro lado, es de suprema importancia el lograr que las fuentes de agua se preserven, pero también aquí las posiciones de gobierno son ambiguas al proponer una inconsistente preservación de las “zonas de influencia” de estas fuentes, sin definir de ninguna manera clara cuales son y en que extensión se presentarían estas áreas. Este malhadado concepto parece sacado de los esquemas de manejo y preservación de áreas protegidas, pero sin haber logrado observar que en ninguno de esos casos han sido, en el país, definidos ni de forma mínima, los conceptos de zonas de influencia. Por lo tanto la mencionada ambigüedad del gobierno reside en que este concepto podría referirse a preservar 2000 metros alrededor de la fuente como 1 metro a su alrededor.
Esto es abonar el terreno para el abuso y para el uso indiscriminado de las fuentes. ¿Qué persigue el gobierno? ¿Acaso beneficiar a los siempre beneficiados? O por ultimo: ¿Qué revela esto dentro de la estructura de gobierno? ¿A tecnócratas ineficientes y poco versados? ¿O revela planes escondidos e influencias ocultas? Es difícil saberlo, pero algo si es cierto: el gobierno construye con todo esto, lenta pero sostenidamente, un proceso de reversión del apoyo del pueblo que podría estallarle rápidamente.
Por todo lo expuesto, en este punto de contradicción profunda, el país le exige al gobierno de Rafael Correa Delgado ser claro y definido, abandonar la ambigüedad y la complacencia con los caínes del Ecuador. Le exige optar por una forma de construcción del nuevo estado radicalmente participativa, y que suponga la implicación de todos los ecuatorianos y de todas sus organizaciones sociales en la construcción del nuevo estado. Le exige no falsificar la participación. Le exige preservar los intereses de los sectores populares y le exige preservar nuestro medio ambiente.
Quienes empezamos como aliados del gobierno, y que ahora nos hemos distanciado de él, cada vez tenemos mas dificultad en interpretar a Movimiento PAIS como un grupo aliado a los intereses populares y cada vez nos vemos mas forzados, por los datos de la realidad, a reinterpretar al gobierno, con desolación y tristeza, como un nuevo intento fallido de lograr justicia en el Ecuador.
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